Son
tantas las teorías económicas y sociales y el aluvión de críticas que se hacen
al estado actual de cosas en España que
es fácil entender el cansancio de tantos
con tantísima murga. Y confieso mi modestísima aportación a esta cansera
aunque también hayamos sugerido desde este blog alguna que otra idea.
En torno al 1 de mayo
Así
que hoy, pasado el primero de mayo en cierta reflexión, les propongo una idea
para el debate que considero al menos digna de análisis. Se la he comentado a
algunos amigos ilustrados y en principio no parece que tenga demasiados puntos
débiles, que seguro tendrá, pero también es muy probable que sean razonablemente
superables. Uno de ellos, el economista y
profesor José Ignacio Gras,
nos hacía una reflexión muy oportuna respecto a la falta de propuestas
efectivas desde los poderes públicos. Venía a decir que cuando a cualquiera le
diagnostican una enfermedad preocupante se deja todo y dedica su mayor tiempo a buscar soluciones, y que, por lo visto, el
paro no es lo suficientemente importante para nuestros políticos; ni para unos
ni para otros.
Veamos,
coincidiremos todos que hasta que no se empiece a crear empleo con fuerza no
empezará el círculo virtuoso tras el vicioso actual. Me refiero al empleo en la
economía real, que es el único en realidad productivo. Es decir, al del sector
privado. Porque el público todavía tiene que hacer su gran ajuste: de 700.000 a
3.200.000 empleados públicos desde el 78 hasta acá; elocuente.
Al grano
Al
margen de la nula o escasa y carísima financiación que ofrecen las entidades, de
la subida indiscriminada del IVA casi imposible de repercutir a una clientela
asfixiada, y de todo tipo de impuestos, tasas y sanciones más o menos justas
pero absolutamente inoportunas, y de la
falta de demanda interna por razones obvias; hay un hecho que acogota cada día
más a los empresarios y autónomos y que hace, además, que sea un imposible
contratar a nadie. Me refiero a las cargas sociales que se soportan en las
nóminas. A groso modo, para quienes no lo sepan, si un trabajador normal cobra
al mes 1.000 euros de su empresa, a ésta le cuesta en realidad más de 1.400 euros
sumados los diversos conceptos que la engloban.
En
la situación tan dramática actual tengo ejemplos concretos muy cercanos de
pequeñas empresas que, además de soportar abnegadamente lo descrito, se han atrevido a contratar a varios
trabajadores a tiempo parcial o total y no han recibido ninguna ayuda del
estado; sencillamente porque no existen o porque las escasas que sí están
previstas son tan difíciles de aplicar que las hacen inoperativas. Con seis
millones de parados esto es una locura muy difícil de explicar; pero es así.
Y
me pregunto yo que qué pasaría si en un arranque de imaginación y valentía del
probo Rajoy, cosa ciertamente
impensable en el personaje pero nunca hay que perder la esperanza; se le
ocurriera aquello de decir: a cualquier
empresario o autónomo – quienes crean trabajo de verdad- que contrate a un trabajador
se le exime de todas las cargas sociales durante el tiempo que lo tenga
trabajando, con un máximo de dos o tres años por ejemplo; y, además, se le
rebajan a la mitad las de otro trabajador que ya tenga dado de alta en similar
categoría, o parecida, durante el mismo periodo. Y sin discriminaciones de ningún tipo; lo mismo a uno o
una de 18 que a otro u otra de 60 años, con el fin, entre otras cosas, de
eliminar burocracia.
Sí,
sí, ya sé que podría haber alguna picaresca, pero fácilmente atajable poniendo
unos periodos ventana.
Y
esas ventajas limitarlas a quien contrate durante un tiempo limitado: en los próximos
seis meses, por decir algo, con el fin de apremiar y chequear pronto la medida
meditando su reedición o mejora en cualquier momento. Y también, ¿por qué no? a
quien lo haya hecho en los últimos seis meses, con el fin de premiar a los que
realmente tiran del carro español. Todo ello, claro está, en el supuesto de
crecimiento neto de empleo en la empresa de que se trate.
Un cálculo
Sin
ser muy optimista apostaría a que al
menos medio millón de españoles encontrarían
trabajo en España en esos seis meses. Muchos de ellos, ojo, saldrían de la
propia economía sumergida a la que se han visto abocados miles de pequeños
empresarios y autónomos en los últimos tiempos.
Haciendo
cuatro números y en el supuesto de que se consiguieran esos 500.000 empleos,
aunque fueran ‘mileuristas’, estaríamos hablando de un coste teórico para el Estado de 1.200 millones de euros al año;
que resultan del 50% que dejaría de percibir de la mitad de la cargas sociales
de los que ya están en las empresas. Supuesto que los 2.400 millones que no
percibirían del medio millón de nuevos trabajadores dados de alta tampoco lo
perciben ahora. Y no sólo no lo perciben, sino que en muchos casos cuestan
mucho más en subsidios de desempleo o en cursos de formación y demás gabelas en
sus diversas variantes. O costarían muy poco o nada pensando en los
impuestos directos e indirectos que generarían.
Y
pongan también en el lado positivo lo que serían esas 500.000 personas
consumiendo, dejando consumir a sus familias lo que a ellos le sufragan y el
tirón en general que ello generaría tanto en la economía como en el ánimo
social de la ciudadanía. Y del prestigio internacional. Eso, por no hablar también de algunos miles de
préstamos hipotecarios que podrían pagarse evitando otras tantas situaciones
negativas de la banca que luego repercuten en todos o en quien menos culpa
tiene y que frena asimismo la financiación del sector privado.
En
fin, de cuajar tal medida podríamos estar hablando del inicio del círculo
virtuoso que todos sabemos.
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